EL ESTADO HEBREO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES DE LA ONU
La impunidad de Israel
También los árabes son responsables de la suerte de los palestinos, que han respondido a la opresión con la resistencia
1. • El régimen israelí es uno de los que no reconocen la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional
MARC CARRILLO Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra
En 1948 se creó Israel como un Estado democrático, en una región donde la democracia era excepción. Pero la vergüenza internacional y de Israel por lo que el Tsahal, su potente y sofisticado Ejército, ha hecho en el gueto de Gaza es un ejemplo más de cómo este Estado vive al margen del derecho internacional y de cómo deja de ser democrá- tico en el trato que dispensa a los palestinos.
El Estado de Israel lleva incumplidas un buen número de resoluciones de la ONU relativas al conflicto de Oriente Próximo. La primera, la resolución 181 de la Asamblea General, de 1947, que estableció el plan de partición de Palestina, por el que se proponía una unión económica entre un Estado árabe y otro judío. A pesar de que los regímenes árabes declaraban que iban a echar a los judíos al mar, la realidad es que el único Estado que hoy existe es Israel. Tras el conflicto de 1967, el Consejo de Seguridad, en su resolución 242, declaró inadmisible la adquisición de territorio mediante la guerra y pedía la retirada de Israel de los territorios ocupados.
Pero lo cierto es que el Estado palestino no existe, a lo que ha ayudado la proliferación de asentamientos judíos en Gaza --hasta agosto del 2005-- y Cisjordania. La resolución 446 del Consejo denunciaba en 1979 que el establecimiento de asentamientos no tiene validez legal y constituye un obstáculo para la paz. Además, en 1968 la resolución 2443 de la Asamblea General instaba a Israel a dejar de destruir las casas de la población civil árabe en las áreas ocupadas. Y en 1978, la ONU condenaba la cooperación militar entre Israel y el entonces régimen racista de Suráfrica.
En su resolución de 24 de septiembre de 1982, la Asamblea General condenaba la masacre de palestinos y otros civiles en los campos de Sabra y Chatila (Beirut), por las falanges cristiano-libanesas y ante la deliberada pasividad del Tsahal, comandado por el provocador y fascistoide ministro de defensa Ariel Sharon. La matanza suscitó una reacción internacional y en la izquierda israelí, y el Gobierno de Menahem Begin tuvo que admitir la constitución de la comisión de investigación Kahan, que consideró que Sharon "faltó a sus obligaciones". Tuvo que dimitir, lo que no impidió que la sociedad israelí admitiera después que llegase a primer ministro.
EL TRIBUNAL Supremo es una de las piezas esenciales del régimen israelí. Pero no queda libre de censura en cuanto al respeto a los derechos de los palestinos. En una sentencia de 1999, avaló el uso de métodos rigurosos de interrogatorio (sacudidas de corriente, privación del sueño, golpes y patadas, retorcimiento brusco de la cabeza...) siempre que fuese en circunstancias extremas de la responsabilidad penal y en casos de estado de necesidad. Por tanto, al admitir límites al derecho a la integridad física o psíquica --único supuesto de derecho ilimitado--, el Tribunal aceptaba lisa y llanamente la tortura, prohibida por el cuarto Convenio de Ginebra (art. 3 y 32).
Con el argumento de garantizar la seguridad, el Gobierno de Sharon empezó a construir un muro de más de 600 kilómetros que deja aislados a los palestinos de Cisjordania. La Corte Internacional de la Haya emitió un dictamen en el 2004 declarando su ilegalidad. No obstante, Israel ha seguido construyéndolo, si bien, tras las demandas de aldeanos palestinos expropiados, el Tribunal Supremo ordenó el cambio de trazado de un tramo de 30 kilómetros en este nuevo muro de la vergüenza. Seguramente, ello fue un gran éxito para la hermenéutica jurídica a fin de resolver el conflicto entre libertad y seguridad. Para los súbditos palestinos, poco habrá cambiado su misérrima vida.
Con la intervención militar en Gaza, la crisis humana es dantesca. Pero la actuación sanitaria (entrada en la zona de médicos, ambulancias, etcétera) para atender las personas que no participaban directamente en las hostilidades ha sido nula. De nuevo se ignora el Convenio de Ginebra, que establece que estas personas o las que hayan depuesto las armas, los heridos, etcétera, han de ser tratados con humanidad, sin ningún tipo de discriminación (art. 3). También este aspecto del derecho de la guerra ha sido ignorado por el Tsahal. Y qué decir de la depuración futura de posibles responsabilidades de orden penal. Pues nada: Israel es uno de los estados que no reconoce la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional que aplica el Estatuto de Roma que entró en vigor en el 2002. No es el único: le acompañan en este honor, entre otros, Estados Unidos, Cuba, China, Irán, Myanmar (Birmania), Siria y los Emiratos Árabes.
ANTE TODO ELLO se arguye el derecho de Israel a defenderse de los ataques de Hamás. Objetiva y aisladamente, el argumento sería razonable. Pero no es la cuestión principal. El problema histórico es la no resolución del conflicto surgido en 1948: los infortunados palestinos son un pueblo sin Estado, humillado y oprimido, y no solo por Israel, que lo emplea como fuerza de trabajo barata. También el mundo árabe es responsable del devenir de un pueblo que, en la desesperación, ha respondido históricamente a la opresión con su derecho a la resistencia, un derecho humano básico, reconocido en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Israel se interesó en diciembre por la seguridad de los siete querellados si salían del país
El embajador en Madrid se reunión con el juez para pedir información.- Fernando Andreu ya tiene una copia de la documentación solicitada en agosto sobre el bombardeo de julio de 2002 en Gaza
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 30/01/2009
El embajador de Israel en España, Raphael Schutz, se reunión el pasado día 7 de diciembre con el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, para interesarse personalmente sobre la seguridad del ministro israelí Benjamín Ben-Eliezer, y seis mandos militares en caso de que saliesen de Israel debido a la querella interpuesta en su contra en España por el bombardeo del 22 de julio de 2002 en Gaza que costó la vida a 14 civiles, según fuentes de la Audiencia Nacional. Ayer, Andreu admitió a trámite la querella y abrió una investigación para esclarecer los hechos denunciados por familiares de varios de los civiles palestinos asesinados.
* La Audiencia investiga a un ministro israelí por crímenes de guerra
Auto de Andreu sobre Gaza
DOCUMENTO (PDF - 735,63Kb) - 29-01-2009
Lee de forma íntegra (pdf) el auto del juez de la Audiencia Nacional
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En la cita, el juez Andreu trasladó a Schutz que no había nada contra los siete israelíes objeto de la investigación penal debido a que todavía no se había iniciado la investigación judicial porque aún no se había admitido a trámite la querella. El juez Andreu aprovechó la reunión para recordor al representante diplomático la comisión rogatoria enviada a Israel en agosto de 2008 para recoger información sobre una posible investigación de los hechos y que hasta ahora no había sido respondida. Hoy mismo, un día después de la admisión a trámite de la querella, el Gobierno de Israel ha comunicado al juez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que en los próximos días entregará documentación sobre la operación que con la vida del líder de Hamás Salah Shehadeh junto a 14 civiles palestinos, niños entre ellos, en la franja de Gaza. No obstante, personal de la embaja de Israel en España ha hecho llegar ya al juez una copia de la documentación (unos 400 folios) en inglés y hebreo.
Israel no puede recurrir
La prensa israelí se ha hecho hoy extenso eco de la apertura de investigación en la Audiencia Nacional. A pesar de que algunos medios de comunicación apuntan al posible recurso de la decisión del juez, este extremo no es posible debido a que Israel no es parte en el proceso y además el auto no le ha sido notificado. El fiscal tiene tres días para recurrir en caso de que lo crea necesario.
En el auto de ayer, el magistrado considera que los siete israelíes investigados podrían ser autores de un "delito contra la humanidad". Cree que con su supuesto propósito de cometer "el asesinato" de Shehadeh, el Ejército israelí "decidió lanzar un artefacto explosivo de gran potencia" que, además de la muerte del dirigente de Hamás, produjo "la de otras 14 personas, así como heridas de diversa consideración a otros 150 ciudadanos palestinos, entre ellos niños y bebés". Ben-Eliezer, entonces titular de Defensa, y el resto de imputados habrían conocido previamente "las consecuencias que tal acción podría conllevar", recuerda Andreu, que califica la operación militar de "claramente desproporcionada y excesiva". También avisa de que la acusación podría ser aún más grave "si en el curso de este procedimiento se prueba que [el ataque] responde a una estrategia preconcebida o predeterminada".
El embajador de Israel en España, Raphael Schutz, en línea con lo ya manifestado por el actual titular de Defensa , Ehud Barak, ha asegurado hoy que juzgar a su país por su derecho a defenderse y no hacer lo mismo con los terroristas del movimiento palestino Hamás es situarse en "un mundo que perdió un poco la brújula", informa Efe. Schutz ha afirmado además que la querella tiene "motivos políticos" y persigue "deslegitimar la misma existencia de Israel".
Por otro lado, el responsable de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha anunciado que la coalición se personará como acusación popular en la causa. Meyer ha puntualizado que intentarán que el juez Andreu amplíe su ainvestigación a los "hechos cometidos en el ataque a Gaza iniciado el pasado mes de diciembre".
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